México necesita una reforma fiscal urgente, advierte el IMEF

Arturo Becerril - Ciudad de México, 17 de julio de 2026.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) pidió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum poner en marcha, de manera inmediata, una reforma fiscal que le dé al país más ingresos sin depender de más préstamos. La petición fue hecha pública el 17 de julio en un documento del propio organismo, que reúne los análisis de seis especialistas convocados por la institución.

¿Qué es el IMEF?

El IMEF es una asociación civil fundada en 1961 que agrupa a directores y ejecutivos de finanzas de empresas de todo el país. A través de sus comités técnicos integrados por economistas y especialistas en finanzas públicas. Analiza de forma periódica la situación económica de México. Su opinión tiene peso en el debate público porque no se trata de una postura política, sino del diagnóstico de quienes, desde el sector privado, manejan y estudian de cerca las finanzas del país; sus reportes suelen ser referencia para inversionistas, medios especializados y las propias autoridades hacendarias.

¿Qué dijo el IMEF?

En su documento, el IMEF explicó que la deuda bruta del sector público —es decir, todo lo que el gobierno mexicano debe, sumando lo que pide prestado dentro y fuera del país— llegó a 20.1 billones de pesos (20 millones de millones de pesos) hacia marzo de este año, equivalente a 53.9% de todo lo que México produce en un año. Se trata del nivel más alto desde 2016. Según el organismo, esa deuda se duplicó desde 2018, cuando era de 10.8 billones de pesos.

El problema, señala el IMEF, es que esa deuda crece mucho más rápido que la economía. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Producto Interno Bruto (PIB) —el valor de todo lo que México produce— cayó 0.8% en el primer trimestre de este año respecto al trimestre anterior, y apenas creció 0.2% frente al mismo periodo de 2025. En otras palabras, mientras la actividad económica prácticamente no avanza, lo que el gobierno debe, sigue subiendo. Eso hace que pagar esa deuda, sea cada vez más caro, ya que, según el IMEF, el costo financiero de la deuda mexicana hoy es mayor que el que había hace ocho años.

Parte de esa preocupación tiene que ver con las calificadoras de riesgo crediticio, como Moody's, S&P Global Ratings y Fitch Ratings. Estas empresas evalúan qué tan probable es que un país (o una empresa) pague sus deudas a tiempo, y le asignan una nota, algo similar a una calificación escolar. Entre mejor sea la nota, más confianza genera el país entre quienes le prestan dinero, lo que le permite pedir préstamos a tasas de interés más bajas.

Cuando la nota baja, ocurre lo contrario, pedir prestado se vuelve más caro para el gobierno, un costo que eventualmente se traslada al resto de la economía. Existe un umbral que se conoce como "grado de inversión" que consiste en que mientras un país se mantenga arriba de esa línea, se le considera un deudor confiable; si cae por debajo, se le clasifica en "grado especulativo", lo que suele conocerse coloquialmente como "bono basura", y que implica condiciones de préstamo todavía más costosas.

De acuerdo con lo que el IMEF documentó en su análisis publicado el 25 de mayo en su portal informativo News IMEF, el 12 de mayo la calificadora S&P Global Ratings cambió la perspectiva de la nota crediticia de México de estable a negativa. Ocho días después, el 20 de mayo, Moody's redujo un escalón la calificación de la deuda soberana mexicana, de "Baa2" a "Baa3". Ambas notas siguen dentro del grado de inversión, pero en su escalón más bajo, apenas un peldaño arriba del grado especulativo.

Frente a este panorama, el IMEF propone una reforma fiscal con cuatro ejes.

El primero, es revisar el gasto público, ya que buena parte de él (pensiones, subsidios, el pago de la propia deuda) ya está comprometido y deja poco margen de maniobra; el organismo sugiere dejar de sostener con dinero público actividades que operan con pérdidas, como la refinación de gasolina en algunas plantas de Pemex.

 El segundo, es ampliar la base de contribuyentes, ya que, según el IMEF, poco más de la mitad de la población ocupada trabaja de manera informal y no paga impuestos; el organismo advierte que, si el empleo formal no se recupera, el gobierno podría verse obligado a eliminar exenciones al Impuesto al Valor Agregado (IVA), posiblemente dejando exentos sólo alimentos básicos y medicinas. 

El tercero, es una reforma profunda a Pemex, para que la empresa concentre sus recursos en extraer y vender petróleo, en lugar de refinar gasolina, actividad que, según el instituto, le generó pérdidas por cerca de 100 mil millones de dólares entre 2019 y el primer trimestre de este año. El cuarto eje es dar mayor certeza jurídica a los inversionistas, revirtiendo parte de la incertidumbre generada por las reformas constitucional y judicial de 2024 y 2025, que, de acuerdo con el IMEF, han desalentado la inversión privada.

Para el ciudadano común, estas propuestas podrían traducirse en cambios concretos. Como lo serían, precios más altos en productos que hoy están exentos de IVA, como ciertos alimentos. Si esas exenciones se reducen; menos margen para que el gobierno invierta en infraestructura, salud o educación, ya que una porción creciente del presupuesto se destina a pagar pensiones y deuda; y, en el mediano plazo, una posible ampliación de la edad de retiro en entidades públicas, donde, según el propio IMEF, hay aproximadamente 220 mil empleados de Pemex y CFE que hoy pueden jubilarse entre los 55 y 60 años.

El IMEF concluyó que, de no atenderse estos puntos con prontitud, México corre el riesgo de instalarse en un ciclo de bajo crecimiento económico con deuda creciente, que iría acompañado de mayor fragilidad financiera. 

Esa fragilidad no se quedaría únicamente en las cuentas del gobierno. Al final, el costo de no actuar a tiempo tiende a trasladarse a la población, en forma de precios más altos en alimentos, servicios y productos de primera necesidad.